La filtración de información confidencial entre empresas, particulares o incluso desde la Administración es mucho más habitual de lo que pueda parecer, pese a que este tipo de prácticas tiene penas altas.
El espionaje está de moda, y no sólo el que se produce entre países, como en el caso de las escuchas realizadas por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) a líderes políticos europeos.
En el día a día de las empresas o de las Administraciones Públicas, la difusión de información secreta es mucho más habitual de lo que pueda parecer, pese a que este tipo de prácticas están muy castigadas penalmente.
El delito de descubrimiento y revelación de secretos, regulado en el artículo 197 del Código Penal, prevé penas de hasta cinco años de prisión por filtrar los hechos descubiertos, y de hasta siete años cuando existe un interés económico al facilitar unos datos confidenciales. Sin embargo, estas consecuencias no parecen ser suficientes para disuadir el espionaje entre compañías, partidos políticos, particulares o la filtración de información confidencial en Internet, a los medios de comunicación o, incluso, la venta de datos privados o empresariales.
Los motivos para las filtraciones son variados. En ocasiones, se trata de cuestiones políticas, como ha sucedido con la reciente sentencia del caso Faisán, en la que se ha condenado a dos policías a un año y medio de prisión por revelar secretos a ETA –en este caso se les ha aplicado el artículo 417 del Código Penal, que es el relativo a funcionarios–. Otras veces los intereses son puramente económicos, como se vio, por ejemplo, en la Operación Pitiusa, donde se detuvo a 73 personas de una red nacional constituida incluso por policías e inspectores de Hacienda, a los que se acusó de comercio extraoficial de datos confidenciales.
- Prestar ayuda en una empresa en una licitación le costó a un político una pena de tres años de cárcel, en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca.
- El Tribunal Supremo condenó a un funcionario de un ayuntamiento a un año de cárcel por filtrar información sobre un examen de oposición.
- Las filtraciones a la prensa han llegado a costar algo más de dos años a un político y a un funcionario de prisiones, según el Supremo y la Audiencia de Palma.
- En el caso Faisán, dos policías han sido condenados a un año y medio, y en Oviedo, un guardia civil fue condenado a un año por alertar a un camello.
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