18 de abril de 2023
Resulta indudable que se está produciendo un aumento en la utilización de las TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación) con el uso masivo de internet y RRSS. Cada día, organismos públicos y privados, empresas y particulares de una u otra forma incorporan nuevas aplicaciones informáticas buscando una mayor eficacia en la gestión de sus actividades.
Es aquí donde surge el problema: junto a los beneficios indiscutibles en todos los campos, científico, sanitario, comercial, de relaciones humanas,… que el “ciberespacio” (ámbito virtual creado por medios informáticos, según el diccionario de la RAE) proporciona, aparecen también las indeseables amenazas que afectan a particulares, empresas y organismos llegando a comprometer la seguridad de los propios Estados. O de forma más sencilla, los beneficios que se nos brindan no serán tales mientras no se logre eliminar (o al menos minimizar) los riesgos que llevan consigo.
Entre los “ciberdelitos” más habituales podemos citar: ataques a equipos informáticos, difusión de virus, acoso en todas sus manifestaciones, phishing y suplantación de identidad, difusión de material privado, espionaje industrial, etc. De esta manera, Ciberdelincuencia y peritos informáticos, son terminos que van relacionados y siempre vinculados en el momento de investigar un delito informático.
La comisión de delitos mediante uso malicioso de redes y equipos informáticos está creciendo de una forma preocupante. En fechas recientes (septiembre 2019) la Fiscalía General del Estado, con ocasión del inicio del año judicial, presentó la memoria correspondiente al año anterior; concretamente, en el capítulo III y apartado 8, bajo el título “criminalidad informática”, hace una detallada descripción de las actuaciones llevadas a cabo en materia de “ciberdelincuencia”.
Una primera conclusión es el importante crecimiento de este tipo de delitos, que supondría un 36% de aumento en 2018 con respecto al 2017 siendo además una estimación “a la baja” ya que, como la propia Fiscalía reconoce un importante número de delitos informáticos no llegaron a las sedes judiciales y no están contabilizados; ello se debe a una modificación legal de la LECrim (ley enjuiciamiento criminal) que determina que aquellos delitos investigados en los que no conste autor conocido no se trasladen a sede judicial ni a fiscalía, salvo en algunos supuestos muy concretos. Esto significa que un importante número de denuncias y diligencias llevadas a cabo quedarán “aparcadas” en las sedes de los organismos policiales.
A este respecto, la fiscalía reflexiona sobre la necesidad de recopilar toda esa información que no está a su alcance favorece la actuación de los delincuentes informáticos que aprovechan para dificultar la investigación y favorecer su impunidad.
En cuánto a la tipología de los delitos relacionados con la ciberdelincuencia se hace una clasificación en la que dentro del apartado de delitos “contra el patrimonio y el orden socio-económico”, destaca de forma rotunda el de “estafa cometida a través de las TICS” que acapara el 62% del total de los procedimientos incoados en sedes judiciales. A este respecto, señalala fiscalía que, tradicionalmente son los delitos relacionados con la estafa en todas sus manifestaciones los que generan un mayor número de denuncias ante los juzgados. Por parte de los organismos se aclara que no significa que sean los delitos de esta naturaleza los que con más frecuencia se producen en la red, porque hay una “criminalidad oculta” de delitos como el acoso o los ataques informáticos cuya cifra es prácticamente incalculable.
Junto al crecimiento de la actividad delictiva en el campo que estamos tratando, también se aprecia el uso de métodos cada vez más “sofisticados y especializados” que utilizan los delincuentes. Este hecho demuestra el profundo conocimiento tecnológico, que tienen del sector en el que operan, llegando a lograr el anonimato y la ocultación de IPs para así dificultar la investigación de los cuerpos de seguridad. Por todo ello, Ciberdelincuencia y peritos informáticos, aparecen en escena con cada vez mas frecuencia en la investigacion de un delito informático.
Dada la alta dependencia que la sociedad tiene de la utilización de las TICs, que además va en continuo aumento, resulta necesario garantizar también un uso cada vez más seguro del “ciberespacio”, sin que ello afecte a derechos de los ciudadanos; esto es un gran desafío para la comunidad internacional. Este objetivo de seguridad, hace que se trabaje en diferentes niveles para establecer una legislación que se adapte a la nueva realidad, que genera el uso de las tecnologías. En este sentido, a modo de ejemplo, cabe señalar el reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo acerca del almacenamiento y tratamiento de la información y su posterior adaptación y concreción en España, a través de la LO 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales.
Cabe destacar también la preocupación creciente en nuestro país por la “ciberseguridad” que ha llevado a distintas actuaciones normativas, siendo la más reciente la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019, desarrollada en la orden PCI/487/2019 de 26 de abril aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional.
Señalar por último, la responsabilidad que cada usuario tiene a la hora de utilizar las TICs para lo cual es fundamental estar bien informado sobre las aplicaciones y sitios en que nos movemos y por supuesto, ser cautos a la hora de facilitar nuestra información en la red.
Como conclusión, cabe destacar la labor que realizan los Peritos Informáticos, los cuales, a través de los Informes Periciales pueden preparar esa prueba objetiva y posterior defensa, que tantas ocasiones se ha tenido que “dejar en el olvido” por no existir pruebas concluyentes.
En concreto desde TecnoPeritaciones hacemos hincapié en la necesidad de contar con profesionales titulados y colegiados en el sector.
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